Resumen: La sentencia reitera los requisitos para apreciar la responsabilidad del administrador social por deudas de la sociedad cunado esta estuviere en causa de disolución: que el administrador demandado lo fuera al tiempo de manifestarse la causa de disolución y durante los dos meses siguientes; que el administrador deje transcurrir ese plazo sin convocar junta general para que acuerde la disolución o remueva la causa; y que la obligación o deuda reclamada se haya contraído o haya nacido con posterioridad al acaecimiento de la causa de disolución. En este caso, la falta de formulación de las cuentas, en un caso como el enjuiciado (la sociedad había solicitado y obtenido la declaración de concurso y su archivo por falta de masa activa), es motivo suficiente como para presumir que sociedad deudora se hallaba incursa en esa causa de disolución en el momento del nacimiento de las obligaciones sociales que ahora se reclaman. Sin que sea óbice para ello la legislación COVID.
Resumen: Sustracción de menores. La sentencia acuerda la restitución inmediata de los menores, considerando que siendo el último lugar en el que consta que ambos progenitores estaban de acuerdo en la residencia de los hijos, Estonia, los menores deben de retornar a dicho país, hasta tanto los Tribunales correspondientes decidan sobre el progenitor que deba decidir la residencia de los niños, o bien se decida sobre la misma. Lo que no es admisible, es que el padre decida, por la vía de los hechos consumados, la residencia que deben de tener los hijos.
Resumen: En un desahucio por precario, basado en una posesión meramente tolerada que se inicia unos 14 años antes por el demandado por habérselo permitido quien le dijera era su propietario, siendo varias las personas a las que también se les ha tolerado, entrando y saliendo del inmueble, demandado que apela opor infracción de normas procesales, al no haber aplicado lo previsto del RD-Ley 37/2020, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad , resolviendo la audiencia que (i) el recurso de apelación es un recurso ordinario, por lo que el órgano de apelación puede valorar el material probatorio de forma distinta a como lo hizo el de primera instancia, y revisar el proceso, (ii) El precario es la tenencia o disfrute de cosa ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de derecho distinta de la mera liberalidad o tolerancia de su propietario o poseedor, de cuya voluntad depende poner término a dicha detentación, (iii) Dicho concepto es una creación doctrinal y jurisprudencial, que se mantiene en la actualidad, y se extiende a la posesión tolerada, que no tiene su origen en ningún acto de liberalidad, y la posesión ilegítima o sin título para poseer, bien porque no ha existido nunca o po haber perdido su vigencia, (iv) el ámbito objetivo incluye todos los verbales en los que se sustancien las demandas a las que se refieren los apartados 2,4 y 7 del 250.1 LEC, sólo contempla la suspensión del lanzamiento y no del proceso.
Resumen: Homicidio por imprudencia menos grave. Se salta un semáforo provocando una colisión con una moto cuyo conductor fallece. La imprudencia depende de la acción realizada, no de su resultado ni de la conducta de la víctima. Depende de la magnitud de la infracción del deber objetivo de cuidado o de diligencia que se encuentra vinculado al grado de riesgo no permitido que genera la conducta respecto al bien tutelado. Imprudencia menos grave y leve; la distinción debe hacerse en función de la gravedad de la infracción de la norma de cuidado. Orientativamente tendrá esa consideración la infracciones graves de trafico. Dilaciones indebidas; la duración total del proceso no ha sido extraordinaria ni desproporcionada quedando justificada por la complejidad de la causa. Acuerdo de la Junta de magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de julio de 2012; contempla paralizaciones superiores a 18 meses. Atenuante analógica de sumisión a medidas cautelares gravosas; se rechaza por ya prevenirlo expresamente el código penal (art. 58, 59). Costas de la acusación particular. Costas procesales de un recurso de apelación; ante el silencio legal se opta por el criterio de la temeridad o mala fe.
